La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este sábado 7 de junio de 2025 la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa calificada como urgente en materia económica que busca combatir frontalmente el crimen organizado y fortalecer la seguridad pública.

La aprobación se dio tras cuatro horas de intenso debate en el Pleno, en una sesión que se extendió hasta pasadas las 23:00. Con 84 votos a favor, 46 en contra, 10 abstenciones y 1 voto en blanco, la ley se convierte en la primera norma tramitada y aprobada durante el actual período legislativo. La votación estuvo marcada por aplausos y muestras de júbilo por parte del oficialismo.

La propuesta fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien mocionó la aprobación del texto íntegro de la ley, que contiene 18 artículos.

Durante el debate, 23 legisladores tomaron la palabra, en su mayoría de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), aunque también participaron representantes de otras fuerzas políticas. Finalmente, la ley fue respaldada por las bancadas de ADN, el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e independientes, mientras que Revolución Ciudadana y sus aliados votaron en contra.

Ejes centrales de la Ley de Solidaridad Nacional

La ley establece un régimen jurídico especial con medidas tributarias, financieras y de seguridad, orientadas a debilitar las economías ilegales y responder con firmeza al avance del crimen organizado. A continuación, los principales aspectos incluidos:

1. Protección a personas vulnerables

Incluye acciones de prevención, atención y reparación integral para personas y comunidades afectadas por la violencia del crimen organizado. También se garantiza el acceso a derechos, reparación digna y la inclusión en políticas públicas para víctimas del conflicto armado interno.

2. Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad

Se incorporan mecanismos de evaluación y depuración del personal militar y policial cada seis meses, mientras dure el conflicto armado interno, con el fin de garantizar un desempeño profesional y ético de las funciones de seguridad pública.

3. Incremento de penas

Se eleva de 22 a 26 años la pena para delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos, y se ajusta el régimen penal para evitar el abuso de medidas sustitutivas como la prisión preventiva o cambios arbitrarios en los regímenes de rehabilitación.

Durante la sesión, varios legisladores recordaron casos de policías judicializados por el uso de la fuerza contra presuntos criminales, subrayando la urgencia de normas que respalden institucionalmente el trabajo de las fuerzas del orden.

La aprobación de esta ley marca un hito legislativo y una decisión política de alto impacto en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales. Su aplicación será clave en los próximos meses para enfrentar el conflicto armado interno declarado en el país.