Dos modelos de despido público en Ecuador: Correa vs. Noboa

El empleo público en Ecuador ha sido impactado por decisiones polémicas en diferentes gobiernos. En particular, los modelos de despido público aplicados por Rafael Correa en 2011 y por Daniel Noboa en 2025 reflejan dos visiones opuestas de cómo reducir el tamaño del Estado. Aunque ambos provocaron desvinculaciones masivas, las causas, mecanismos y consecuencias de sus políticas fueron muy distintas.

El Decreto 813 de Correa

El 12 de julio de 2011, Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo 813 para reformar el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Bajo el argumento de optimizar el aparato estatal, introdujo la figura de compra de renuncias con indemnización. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que fue una renuncia obligatoria disfrazada, utilizada para despedir a miles de funcionarios sin evaluación ni proceso justo.

Tres meses después, el Estado ejecutó la salida de 3.500 empleados públicos, respaldado por policías y funcionarios del Ministerio de Trabajo. Afectó a personal de salud, justicia, vivienda, educación y banca pública. Testimonios como el del genetista Milton Jijón, quien fue apuntado con un arma para firmar su despido, y el de la docente bilingüe María Sisa Bacancela, expulsada por razones políticas, reflejan el trauma vivido.

Aunque se estiman entre 4.700 y 5.000 desvinculados, una tesis universitaria reveló que solo en salud pública hubo 14.000 despidos, lo que generó escasez de especialistas y debilitó la atención médica nacional. Además, muchos quedaron inhabilitados de trabajar nuevamente en el sector público. La Corte Constitucional rechazó las demandas de inconstitucionalidad, derivándolas al fuero contencioso administrativo, donde hasta hoy no hay resoluciones firmes.

Correa fue acusado de cesar a profesionales ecuatorianos para reemplazarlos con médicos cubanos, alineados ideológicamente con su gobierno.

La Ley de Integridad Pública de Noboa

En julio de 2025, la vocera presidencial Carolina Jaramillo anunció que el gobierno de Daniel Noboa iniciará el despido de 5.000 funcionarios públicos, como parte de una estrategia de optimización del Estado. A diferencia de Correa, se exceptuará del proceso al personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables.

Los trabajadores afectados pertenecen al Poder Ejecutivo, personal administrativo y del IESS. La medida, aclaró Jaramillo, no está ligada a evaluaciones de desempeño, sino a una reestructuración administrativa que prepara el ingreso de jóvenes mediante concursos públicos. Se plantea como una transición hacia un servicio público más dinámico y meritocrático.

Impacto económico y social

Si bien el enfoque de Noboa parece más técnico y planificado, el impacto de 5.000 nuevos desempleados no es menor. En un país con alto índice de informalidad y subempleo, cada despido representa menos consumo interno, mayor presión sobre los servicios sociales y un golpe anímico para la estabilidad familiar. Además, el cierre de plazas en el sector público puede elevar la tensión social en medio de una crisis económica latente.

Conclusión

Ambos presidentes aplicaron modelos de despido público con énfasis distintos: Correa, de forma masiva, coercitiva y opaca; Noboa, bajo un esquema administrativo de renovación. Pero en ambos casos, el resultado inmediato es el mismo: miles de familias sin ingresos estables. La diferencia está en el discurso, la legalidad y la forma.

La historia y sus consecuencias aún se escriben. El reto sigue siendo construir un Estado eficiente sin vulnerar los derechos laborales ni agravar la crisis social.